La transición energética en Colombia requiere de un marco normativo moderno y consecuente con las transformaciones del sector

En el foro ‘Ambiente e Infraestructura: Retos para Construir la Transición Energética Justa’, desarrollado por el Grupo Energía Bogotá (GEB), se expusieron algunos planteamientos y visiones sobre cómo avanzar hacia un futuro energético sostenible, ahondando en los desafíos ambientales y regulatorios para ejecutar proyectos estratégicos de energía, en particular los de transmisión, la modernización de la regulación relacionada con el licenciamiento ambiental y la promoción de un diálogo organizado con las comunidades.

Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, manifestó que “es necesario repensar los marcos administrativos y legales del país para enfrentar la transición energética. Tenemos demoras en proyectos relevantes para el país de hasta 7 años, por lo que es fundamental aproximarnos a estas problemáticas de una forma distinta, desde el bien común y con un entorno flexible que permita avanzar”.

Así mismo, hizo hincapié en la importancia de la construcción de la infraestructura eólica y de gas como alternativas a las hidroeléctricas, teniendo en cuenta que el 70% de la energía en Colombia proviene de estas y eso conlleva a depender de las lluvias para mantener el nivel de los embalses.

Expertos internacionales

Alexandra Klass, profesora de Derecho en la Universidad de Michigan, dio a conocer que este país ha venido avanzando progresivamente en la adopción de energía eólica y solar y hay metas claras establecidas, como por ejemplo reducir la energía producida a través del carbón de un 100% a 2035, lograr cero emisiones netas en toda su economía en 2050, alcanzar proyectos costa afuera que generen 30 GW para 2030, entre otros.

Klass también habló sobre algunas leyes en el país que proporcionan financiamiento para el desarrollo de proyectos e infraestructura y mencionó que en Estados Unidos hay procesos de licenciamiento que están segmentados por tipo de proyecto e impacto, lo cual contribuye a avanzar de manera más eficiente, “ya que se trata cada solicitud desde sus particularidades específicas y criterios diferenciadores”.

No obstante, la académica reconoció que en Estados Unidos hay retos similares en términos de oposición de algunas comunidades a proyectos de transmisión, muchos de ellos basados en argumentos producto de desinformación o ligados a interés particulares. Para esto, Klass recalcó la importancia de construir una narrativa positiva frente a los proyectos para acercarlos desde la emocionalidad y construir junto a ellos iniciativas que los hagan sentir partícipes de estos desarrollos.

Rob Gramlich, fundador y presidente de Grid Strategies LLC, complementó esto al destacar que se deben reconciliar los objetivos ambientales con las regulaciones ambientales, y que es vital tener una visión conjunta, que permita establecer un consenso superior sobre la relevancia de las energías renovables.

Las voces de los asistentes

Julia Miranda, representante a la Cámara, afirmó que la licencia ambiental como instrumento es en su esencia necesaria y pertinente, pues permite evaluar el alcance de los proyectos. Sin embargo, con el pasar del tiempo se ha ido desconfigurando de acuerdo con los planes de desarrollo de los gobiernos, por lo que es importante revisarlas y si hay necesidad de cambiar las leyes, se debe hacer.

Rodrigo Negrete, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), habló sobre la importancia de la articulación y planeación efectiva desde la concepción de los proyectos, con estudios robustos e información que permitan facilitar el tránsito de las iniciativas. También coincidió con los panelistas en la importancia de la articulación y de un trabajo armonioso en el que se puede avanzar, así como de tener regulaciones con criterios diferenciadores dependiendo el tipo de proyecto.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, recalcó que se habla de apagón como si fuera algo lejano, cuando el país está en un punto de quiebre, por lo que se debe tomar conciencia y recordar que el beneficio general debe primar sobre el particular. Adicionalmente, el dirigente gremial destacó la relevancia de tener una política pública que trascienda los períodos de los gobiernos y que el componente técnico y no ideológico sea el que guíe ese desarrollo del sector.

Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, señaló que hay reglas que se parecen más a los 80s que a la época actual y que las necesidades de transformación y modernización del sector requieren de un marco normativo diferente, ajustado y segmentado, de acuerdo con el tipo de energía.